Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es un órgano constitucional autónomo con funciones de ministerio público encargado de investigar y perseguir los delitos del fuero común cometidos en la Ciudad de México. Su titular, el fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, es nombrado por dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano. Es la cabeza del Ministerio Público de la Ciudad de México y de sus órganos auxiliares.[1] Como fiscalía, posee las siguientes funciones primordiales:[2]
Estructura orgánica actualLa estructura orgánica y los titulares de área de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son:[3]
Lista de sus titularesProcuradores generales de Justicia del Distrito y Territorios Federales (1915-1970) — nombrados por el presidente
Procuradores generales de Justicia del Distrito Federal (1970-1997) — nombrados por el presidente
Procuradores generales de Justicia del Distrito Federal (1997-2020) — nombrados por el jefe de Gobierno
Fiscales Generales de Justicia de la Ciudad de México, nombrados por el Congreso de la Ciudad de México a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano
Transición de Procuraduría a FiscalíaLa Comisión Técnica fue integrada por:[11]
Cambio del nombre de la calle en la que se encuentra el Edificio SedeEl 19 de octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México anunció en su Gaceta Oficial el cambio de nomenclatura de la calle en la que se encuentra el edificio sede de la FGJCDMX, también conocido como "Búnker". La calle dejó de llamarse "General Gabriel Hernández" y ahora se llama como la abogada defensora de Derechos Humanos "Digna Ochoa y Plácido".[12] Esta determinación se tomó en cumplimiento del resolutivo 15 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre de 2021 en el Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, como parte de las garantías de no repetición respecto a las violaciones a Derechos Humanos de las que se declaró responsable al Estado Mexicano, porque la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no realizó la investigación de la muerte de Digna Ochoa con la debida diligencia y perspectiva de género.[13] Referencias
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